El grave error de Podemos de no condenar los disturbios
Las manifestaciones de protesta son un elemento esencial de toda democracia. La Constitución española las ampara, y su ausencia o escasez son mal augurio para sociedades que quieren ser libres y en progreso. Resultaría casi superfluo, por obvio, añadir que la violencia y el vandalismo son, en cambio, completamente inaceptables; pero se torna necesario cuando un partido en el poder, Unidas Podemos, se muestra reticente a condenar los desmanes que han tenido lugar en distintas ciudades españolas esta semana en relación con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.
Abordar esta cuestión exige separar varios ámbitos de reflexión: la figura del encarcelado; el contexto legislativo y jurisprudencial; la respuesta política. En lo primero, nos hallamos ante un cantante que ha sido condenado a cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en sus canciones y tuits; por obstrucción a la justicia, maltrato de obra y amenazas a un testigo en 2017 al que intentó agredir y gritó: “Te mataré, hijo de puta, ya te cogeré”, en un fallo confirmado ayer por la Audiencia de Lleida; por agredir a un periodista; y a una multa por agredir a otra persona. En sus canciones y tuits el rapero ha incluido frases como estas: “¡Merece que explote el coche de Patxi López!”, “que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono”, “prefiero grapos que guapos” o “no me da pena tu tiro en la nuca, pepero”. Puede debatirse si estos hechos merecen cárcel o no, pero poca duda cabe de que se trata de una retórica despreciable e indeseable en un entorno civilizado. Se trata pues de una figura en las antípodas de lo que puede considerarse un héroe de la causa de la libertad de expresión.
La segunda cuestión versa alrededor del andamiaje legal en esta materia. En él, se nota un desajuste con la praxis persecutoria, menos intensa, del marco europeo. Resulta preciso ponderar reformas que alivien restricciones y castigos que parecen excesivos en esta materia. El Gobierno ha anunciado una reforma del Código Penal en ese sentido, con una intención acertada aunque de momento difícil de juzgar a falta de detalles. El socio minoritario, UP, pretende directamente una derogación de varios tipos penales, lo cual parece excesivo. El abanico de los delitos es amplio, desde el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas hasta las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a la Corona y los símbolos del Estado. Cada uno merece un análisis propio, pero es razonable defender como concepto general que se reduzca el margen de aplicación de la pena de cárcel vinculándolo a una exigente ponderación del impacto y riesgos reales de las ofensas. Ese debate y esa reforma, a la vista está, son urgentes: no debe subestimarse ni la gravedad del asunto ni el malestar que todo esto provoca.
La tercera cuestión concierne a la reacción de la política ante protestas que salen del ámbito de lo aceptable por vandálicas y violentas. No puede haber titubeo en la condena. Esta actitud es especialmente reprobable en un partido de Gobierno como UP. Es perfectamente legítimo plantear una derogación de los tipos penales, y también lo es insistir en que el problema principal es la legislación; pero es totalmente irresponsable eludir la clara condena de los desmanes. Una nueva ocasión perdida por UP para mostrar señales de madurez política.
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